Gobierno brasileño levanta prohibición provisional sobre Saipem

Edificio de Petrobras en Río de Janeiro, Brasil. (Crédito de la foto: Adobe Stock)

La Contraloría General de la Unión (CGU) de Brasil reclasificó la prohibición –emitida originalmente en diciembre de 2022– contra Saipem a una suspensión temporal de dos años, confirmó la empresa el 12 de enero.

La CGU anunció sus decisiones finales en el proceso administrativo iniciado contra Saipem, derivado de “supuestas irregularidades” en un proyecto de gasoducto federal hace más de una década.

Según informes de prensa, una investigación descubrió evidencia de un soborno antes del inicio de un contrato en diciembre de 2011 entre Saipem y Petrobras, una corporación estatal brasileña de producción y exploración de petróleo y gas.

Se alega que un representante comercial de Saipem pagó sobornos a un ex director de Petrobras para ganar el acuerdo de aproximadamente US$140 millones.

La obra consistió en la instalación de un ducto submarino de gas natural en la Cuenca de Santos del Océano Atlántico, aproximadamente a 300 kilómetros al sureste de Santos, Brasil.

En un informe de 2019, el Grupo KHL señaló que decenas de políticos se vieron envueltos en un amplio escándalo, que incluía al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva. Como parte de la "Operación Lava Jato", un escándalo de corrupción gubernamental que comenzó a desenredarse en 2014 y que se prolongó durante varios años, el expresidente fue declarado culpable de recibir un apartamento frente al mar de la firma de ingeniería OAS a cambio de su ayuda para ganar contratos con Petrobras.

En diciembre de 2022, la CGU ordenó una prohibición provisional para que Saipem realice trabajos en Brasil y desde entonces la empresa no puede firmar nuevos contratos.

Si bien la suspensión de dos años es una mejora para Saipem en comparación con una prohibición total, la compañía señaló que apelará el fallo más reciente.

“[Saipem pretende] apelar la decisión en las jurisdicciones correspondientes, por considerarla incompatible con lo demostrado durante el proceso”, afirmó la empresa. También agregó que “la sanción no tiene impacto en los proyectos en curso en Brasil, ya que se aplica únicamente a posibles nuevos contratos y se refiere exclusivamente a las relaciones con la Administración Pública”.