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Juez estadounidense bloquea norma que buscaba salarios más altos para trabajadores de la construcción
25 junio 2024
Una norma de la administración Biden fue bloqueada, al menos temporalmente, después de que el juez de distrito estadounidense Sam Cummings dijera que el Departamento de Trabajo (DOL) carece de autoridad para imponer requisitos de salario prevaleciente cuando las agencias gubernamentales no los incluyen explícitamente en los contratos.
Obreros de la construcción al atardecer. (Imagen: Adobe Stock)La norma pretendía ampliar los casos en los que los contratistas de la construcción estarían obligados a pagar a los trabajadores los salarios vigentes –por lo general, un salario negociado por los sindicatos (o salario mínimo), incluidos los beneficios– en proyectos de infraestructura financiados por el gobierno federal por un valor de unos 200.000 millones de dólares. También extendió estas expectativas a los conductores de camiones que trabajan en esas obras de construcción.
La norma también convirtió los estándares salariales prevalecientes en “operación de la ley”, lo que significaba que las agencias gubernamentales no necesitaban incluir los estándares en los contratos.
La Asociación de Contratistas Generales de Estados Unidos (AGC) demandó a la administración en noviembre por las extensiones de las normas. Fue uno de los varios desafíos a la reforma laboral de la era Biden, con otra asociación comercial cuestionando la administración que exige Acuerdos Laborales de Proyecto (PLA) en proyectos federales por un valor de más de $35 millones. AGC también demandó al gobierno por los PLA.
En su fallo, el juez Cummings dijo que la norma laboral dejaría a algunas empresas de construcción fuera de los contratos federales y causaría daño a la industria.
El DOL dijo que la norma tenía como objetivo modernizar las regulaciones salariales en lo que serían algunos de los proyectos civiles y de infraestructura más grandes del país. La norma salarial extendida recibió el apoyo de los sindicatos, quienes expresaron inquietudes sobre el robo de salarios dentro del creciente segmento de proyectos de construcción de infraestructura de energía limpia del país.
Los próximos pasos probables del gobierno federal son apelar la decisión o reformular la norma ampliada, pero no se proporcionó ninguna indicación en ninguno de los dos sentidos.
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