Cuatro culpables de manipulación de licitaciones en relación con contratos de construcción de transporte en Oklahoma

Los cuatro propietarios o gerentes de empresas de control de erosión admitieron su participación en una conspiración dirigida a proyectos financiados con fondos públicos por más de 100 millones de dólares en el estado.

Stanley Mark Smith, propietario de una empresa, se declaró culpable el 27 de febrero de este año. Roy Henry Henrich, ex propietario y ejecutivo de otra empresa, se declaró culpable el 4 de diciembre de 2023. Ryan Ashley Sullivan, propietario y ejecutivo de una tercera empresa, se declaró culpable el 6 de noviembre de 2023. Y James Travis Feazel, ex gerente de operaciones de una cuarta empresa, se declaró culpable el 26 de septiembre de 2023.

Según documentos judiciales presentados en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en la ciudad de Oklahoma, Smith, Heinrich, Sullivan y Feazel conspiraron, junto con otros, para manipular licitaciones, fijar precios y asignar contratos de productos y servicios de control de la erosión.

A partir de 2017, Smith, Heinrich, Sullivan, Feazel y sus co-conspiradores acordaron aumentar los precios y dividir los contratos en diferentes áreas de Oklahoma.

A menudo enviaban ofertas intencionadamente elevadas o directamente se negaban a presentar ofertas. Smith, cuya empresa tenía como objetivo contratos por valor de más de 42 millones de dólares como parte de la conspiración, y Feazel, cuya empresa tenía como objetivo contratos por valor de más de 50 millones de dólares, continuaron conspirando hasta abril de 2023.

Heinrich, cuya empresa tenía como objetivo contratos por valor de más de 7 millones de dólares, fue parte de la conspiración hasta al menos julio de 2021, y Sullivan fue parte de la conspiración hasta al menos abril de 2019.

Los acusados se declararon culpables de violar la Sección 1 de la Ley Sherman. Cada uno de ellos se enfrenta a una pena máxima de 10 años de prisión y una multa penal de un millón de dólares. La multa puede aumentarse al doble de la ganancia derivada del delito o al doble de la pérdida sufrida por las víctimas del delito si cualquiera de las cantidades es superior a la multa máxima legal. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará las sentencias después de considerar las directrices de sentencia de los Estados Unidos y otros factores legales.

El fiscal estadounidense Robert J. Troester para el Distrito Oeste de Oklahoma dijo: “Proteger la competencia justa y abierta en el mercado es esencial para proteger a los contribuyentes y garantizar que los consumidores puedan confiar en los contratos financiados con fondos públicos.

“Los ejecutivos corporativos que conspiran para manipular las licitaciones y fijar los precios tendrán que rendir cuentas. Aplaudo el minucioso trabajo de los investigadores y fiscales en este caso”.