El Tribunal permite que se reanuden las obras en la controvertida autopista francesa A69

Ya se habían gastado entre 300 y 450 millones de euros en la construcción de un tramo de 53 kilómetros de la A69 entre Toulouse y Castres cuando el tribunal administrativo de Toulouse dictaminó en febrero de este año que los beneficios del proyecto eran “muy limitados” para la región y sus habitantes.

Ordenó la anulación de las autorizaciones ambientales del proyecto, paralizando las obras.

Pero la concesionaria Atosca, que ganó un contrato para construir y operar la autopista durante 55 años en 2022, y sus socios presentaron un recurso contra la decisión.

Y ayer (28 de mayo), el Tribunal Administrativo de Apelación de Toulouse suspendió la ejecución de las sentencias anteriores, que anulaban las autorizaciones medioambientales expedidas por el Estado francés a las empresas concesionarias.

El tribunal también suspendió otra orden que anulaba la autorización medioambiental de las obras de ampliación de la actual autopista A680 entre Castelmaurou y Verfeil, que también habían sido paralizadas.

La suspensión de la ejecución tiene por efecto restablecer las autorizaciones ambientales que habían sido canceladas, hasta que el tribunal resuelva los tres recursos.

Tras la decisión, Atosca declaró: «Tras una interrupción abrupta que provocó la retirada de 1.000 personas y el apagado de 350 máquinas, la suspensión de la ejecución obtenida por el Estado, con el apoyo de los funcionarios electos locales y los actores económicos de la región, permite a Atosca reanudar las obras en el km 53. El objetivo es restablecer, en colaboración con el Estado, todas las condiciones necesarias para volver lo antes posible al nivel de actividad existente antes del 27 de febrero».

La empresa dijo que movilizaría nuevamente a sus empleados y equipos, proveedores y subcontratistas, y reactivaría las compras con empresas locales antes de la "actividad plena del verano".

Atosca ha afirmado que todas las obras de nivelación de la autopista ya habían comenzado antes de la interrupción de las obras y que el 70 % de las estructuras de la autopista están completas. El proyecto tiene un coste estimado de 512 millones de euros (en euros de 2018).

La decisión del Tribunal Administrativo de Apelaciones provocó protestas frente al tribunal por parte de los opositores a la autopista, quienes exigen que se detenga su construcción hasta que se tomen todas las decisiones judiciales. Argumentan que se destruirán 100 especies protegidas y 400 hectáreas de tierras agrícolas, y que bastaría con mejorar las carreteras locales.

Los socios industriales de Atosca son NGE Concessions y la operadora portuguesa de autopistas Ascendi, que poseen el 25% y el 15% del consorcio, respectivamente. Los socios financieros Quaero Capital y TIIC poseen el 30% cada uno.