Tras un fallo judicial, persisten las dudas sobre la construcción del puente colgante más largo del mundo.

El proyecto de 13.500 millones de euros (15.700 millones de dólares) ya había obtenido la aprobación política en Roma y la constructora italiana Webuild, que lidera el consorcio Eurolink designado para su construcción, anunció hace apenas unos días que comenzaría a contratar a miles de personas antes del inicio de las obras.

Pero el proyecto aún necesitaba la aprobación de la Corte dei Conti, que controla el gasto público en el país, así como de las agencias medioambientales tanto a nivel nacional como de la Unión Europea.

La decisión de la Corte dei Conti genera incertidumbre sobre el futuro del proyecto. El tribunal no fundamentó su decisión de inmediato, pero en las audiencias del miércoles 29 de octubre, los abogados cuestionaron la validez de la licitación, realizada originalmente en 2005, e hicieron hincapié en el aumento de los costos proyectados.

El ministro de Infraestructuras de Italia, Matteo Salvini, pidió al gobierno que ignorara la decisión judicial y argumentó que la economía local depende del plan.

Salvini declaró al diario italiano Corriere della Serra : “Mi propuesta es volver al gabinete y aprobar el proyecto de nuevo. Luego el parlamento lo aprobará”.

“Hay miles de millones en juego, cientos de miles de empleos están en riesgo y miles de empresas están listas para empezar. Detenernos es absurdo.”

El gobierno puede optar por ignorar el fallo y seguir adelante con el proyecto; sin embargo, esto aumenta la posibilidad de acciones legales por parte de los opositores al proyecto más adelante.

Los críticos temen que el proyecto dañe el medio ambiente y han señalado el historial de terremotos en la región.

El consorcio Eurolink fue designado hace 20 años para construir el proyecto, cuyo coste inicial se estimó en 3.800 millones de euros. Webuild lidera el consorcio, que también incluye a la española Sacyr y a la japonesa IHI.