Por qué las empresas constructoras europeas acogen con satisfacción las concesiones de la pionera "Ley de Restauración de la Naturaleza"

La ley, considerada una primera ley mundial, requerirá que los estados miembros de la UE elaboren planes para explicar su enfoque para restaurar la naturaleza en su territorio.

Según la legislación prevista , la UE tiene como objetivo que las medidas de restauración de la naturaleza cubran conjuntamente el 20% de las zonas terrestres y el 20% de las zonas marinas que actualmente no están en buenas condiciones para 2030, cifra que aumentará al 60% para 2040 y al menos al 90% para 2050.

El Reglamento propuesto también incluye un «principio de no deterioro», lo que significa que los Estados miembros tienen que comprometerse a prevenir cualquier deterioro significativo de las tierras que ya están en buenas condiciones o que no están en buenas condiciones pero que aún no están sujetas a medidas de restauración.

Pero en la industria de la construcción existía la preocupación de que la nueva ley pudiera entrar en conflicto con la necesidad de más viviendas, además de generar posibles barreras a la construcción de nuevas infraestructuras y edificios.

En un documento de posición publicado en febrero del año pasado, la Federación Europea de la Industria de la Construcción (FIEC) dijo que, si bien la UE tenía razón al hacer de la protección de la naturaleza una piedra angular del Pacto Verde Europeo, una “prohibición de deterioro” de facto para ciertos tipos de hábitats y la restauración de ecosistemas urbanos “podría… tener efectos devastadores en el desarrollo de estas áreas, especialmente en aquellas densamente pobladas”.

Pidió que la Ley de Restauración de la Naturaleza sea “compatible con otras necesidades sociales urgentes” y otorgue más flexibilidad y exenciones a los Estados miembros.

Y advirtió: “La FIEC teme que la Ley de Restauración de la Naturaleza pueda complicar significativamente la construcción de nueva infraestructura ambientalmente amigable muy necesaria, incluida la infraestructura que se necesita para producir energía libre de fósiles y descarbonizada”.

La construcción de dicha infraestructura desempeña un papel importante en la implementación de los elementos emblemáticos del Pacto Verde Europeo y del plan de la UE para reducir la dependencia de los combustibles fósiles rusos, así como para construir ciudades, pueblos y suburbios resilientes al clima, añadió.

Concesiones ganadas

Ahora ha quedado claro que los legisladores de la UE han escuchado la mayor parte de las peticiones y recomendaciones de la FIEC y han alcanzado un acuerdo provisional sobre la ley.

Para evitar consecuencias no deseadas de las medidas de restauración, la Ley Nacional de Restauración pedirá a los Estados miembros que consideren los “impactos socioeconómicos previsibles” en su implementación.

Las plantas de producción de energía a partir de energías renovables también deberán considerarse de “interés público superior”.

También hay que tener en cuenta la diversidad de las distintas regiones de la UE, incluida su densidad de población.

Stephanos Pierides, presidente de la subcomisión de asuntos ambientales de la FIEC, dijo: “La Ley de Restauración de la Naturaleza prevé una amplia gama de exenciones que permiten conciliar los ambiciosos objetivos de restauración con la actividad económica y los intereses comerciales.

“Además, las condiciones locales varían considerablemente de una región o estado miembro a otro. Bélgica y los Países Bajos están más densamente poblados que Suecia, España o Rumanía. París, Roma o Praga tienen puntos de partida diferentes en materia de espacios verdes urbanos que Copenhague o Berlín.

“Por eso el acuerdo es bueno. Los Estados miembros también deben considerar de “interés público superior” las plantas de producción de energía a partir de fuentes renovables. Es una excelente noticia para las empresas de construcción, que podrán desempeñar su “papel facilitador” en la implementación del Pacto Verde”.

El acuerdo pasará ahora de nuevo al Parlamento Europeo, donde se someterá a votación, y después al Consejo Europeo. Tanto el Parlamento como el Consejo tienen que aprobar el texto de la ley, antes de su eventual publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. La ley entraría entonces en vigor 20 días después de su publicación.